Hoy se cumple un año desde el asesinato de Carlos Maaz, un pescador Q’eqchi’ de 27 años de edad. La policía lo mató el 27 de mayo del 2017 en medio del violento desalojo de una protesta en El Estor, Izabal. A pesar de la criminalización de líderes de la Gremial de Pescadores Artesanales y periodistas, siguen exigiendo justicia.

Hasta la fecha son nueve personas que esperan desde la cárcel su juicio por el asesinato de Berta Cáceres. La mayoría tiene nexos o con la empresa o con las Fuerzas Armadas de Honduras.

La Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor realizará una marcha pacífica el día 7 de julio en el pueblo de El Estor en Izabal. Invitan a la población a sumarse para elevar una vez más sus denuncias sobre la contaminación del Lago Izabal y las actividades mineras sin consulta, y para exigir justicia por el asesinato de Carlos Maaz Coc.

El 22 de junio en Guatemala, llegaron más que 200 agentes de la policía y fuerzas especiales a Casillas para reprimir a la manifestación pacífica contra la minería, relatan vecinos.

Almorzó en casa. Carlos Maaz Coc pasó la mañana del sábado en una reunión de los pescadores de El Estor, pero regresó a casa para almorzar antes de salir a la manifestación pacífica, dijo su esposa, Cristina Xol Pop. Unas dos horas después, su esposo, un pescador maya q’eqchi de 27 años de edad, estaba muerto.

Cientos de vecinos de El Estor acompañaron ayer al entierro de Carlos Maaz Coc, el pescador asesinado el sábado en medio de la represión policial. Ese mismo día, el gobierno declaró que "se determinó que no hay persona fallecida".

Empresarios, líderes comunitarios, y otros habitantes de Río Dulce se están uniendo para respaldar a los pescadores artesanales de El Estor, y para denunciar los impactos que sufren a causa de las actividades mineras.

La Gremial de Pescadores Artesanales del municipio de El Estor presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por la contaminación del Lago de Izabal. Directivos de la organización entregaron el martes 16 de mayo el escrito en el despacho de Fiscalía de Sección de Delitos contra el Medio Ambiente en Puerto Barrios.

El jueves 6 de abril, una jueza declaró a Mynor Padilla inocente de los cargos de homicidio y lesiones formulados a partir de una acción violenta contra comunidades Maya Q’eqchi’, involucradas en una disputa de tierras con la mina de níquel Fénix en 2009.

El gobierno guatemalteco declaró el martes un estado de emergencia nacional de 30 días para facilitar los esfuerzos para combatir y controlar los incendios forestales.

El gobierno de Guatemala declaró la alerta roja en el departamento de El Petén el martes debido a los incendios forestales en parques nacionales dentro de la Reserva de la Biósfera Maya.

Los legisladores de El Salvador hicieron historia el miércoles cuando aprobaron un proyecto de ley que prohíbe todas las actividades de minería metálica en el país.

Cinquera, un municipio en el norte de El Salvador, ha creado su propia reserva forestal y en febrero, los residentes votaron para prohibir la minería de metales en la región.

Global Witness, ONG con sede en Londres, publicó un informe en el que examina la implicación de funcionarios del gobierno y las ayudas internacionales en conflictos violentos en proyectos de minería, hidroenergía, turismo y aceite de palma en Honduras.

Un nuevo informe aporta pruebas de que asegurar e implementar los derechos indígenas y de las comunidades a sus tierras y bosques efectivamente reduce la deforestación y refuerza la protección de la biodiversidad.

La conservación del Parque Nacional Mirador-Río Azul y de las ruinas de antiguas ciudades repartidas en la región ha estado sumida en la controversia durante más de una década.

Las concesiones en las cuales comunidades extraen de forma sostenible productos forestales han resultado beneficiosas tanto para los pobladores como para el bosque, pero su futuro sigue siendo incierto.

Este año ha habido 33 asesinatos de indígenas en el país, según los nuevos datos presentados en una rueda de prensa en Río.

Por lo general, la biósfera ha tenido éxito en la reducción de la deforestación y la provisión de medios de vida sostenibles, pero enfrenta amenazas por parte tanto de actividades petroleras y asentamientos ilegales como de narcotraficantes, ganaderos y otros grupos armados.

Tras su visita a Brasil el mes pasado, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, advirtió del “riesgo potencial de efectos etnocidas”.