‘Pequeña Canadá’ desplaza a comunidades Garífunas en Honduras
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ricochet el 5 de diciembre del 2014.
por Sandra Cuffe
Mientras inversionistas canadienses se apropian de tierras en la Bahía de Trujillo para proyectos turísticos y residenciales, comunidades Garífunas en ese tramo de litoral caribeño en Honduras están siendo desplazadas.
Una nueva terminal de cruceros ha entrado en funcionamiento en Trujillo, una ciudad con un poco más de 10,000 habitantes ubicada unos 400 kilómetros al norte de la capital. Río Negro, una comunidad Garífuna, fue desplazada en gran parte bajo amenaza de expropiación forzosa para construir el proyecto. Unos 16 kilómetros al oeste, la comunidad Garífuna de Guadalupe limita ahora con Alta Vista, uno de los varios proyectos residenciales del inversionista Randy Jorgensen, promocionados a los canadienses.
Estamos a 32 grados pero se siente como que fueran 40 bajo el sol del mediodía mientras Celso Guilén señala distintas cosas en la pequeña caminata de paso por Guadalupe hacia Alta Vista. Un grupo de jóvenes está ocupado amontonando rizomas de plátano según su tamaño, y otros hombres y mujeres están preparando un cargamento de plántulas de cacao para su distribución en la comunidad. El problema es que los habitantes casi no tienen ya dónde sembrar.
"Hemos perdido casi el 80 por ciento de las tierras de la comunidad, y la mayor parte de las tierras está en manos del Señor Randy," dice Guillén, un activista local Garífuna.
El título comunitario inalienable de Guadalupe cubre casi 250 hectáreas, pero el gobierno municipal de Santa Fe ha otorgado otros títulos dentro de esas tierras y se han registrado en el Instituto de Propiedad. La municipalidad "ha otorgado dominio plenos, ha traslapado dominios, que son ficticios prácticamente y no tienen validez porque ya hay un documento colectivo," dice Guillén. "El título dice que las tierras no pueden ser enajenadas, que cualquier acto de ese tipo violenta el espíritu del título."
Poco después de las seis de la mañana, Jorgensen bebe a sorbos su café en el patio de su casa en Coroz Alta, un proyecto residencial unos kilómetros al oeste de Trujillo dentro de un área ahora promocionada como parque natural privado. Al lado de la calle que conduce hacia su casa, monos, coatimundis y guacamayas rojas están en exhibición en recintos.
Pasajeros de los cruceros vienen aquí en excursiones de un día organizadas por Banana Coast Tours, una empresa ligada a la terminal de cruceros Banana Coast, otro proyecto más de Jorgensen.
Jorgensen descarta los reclamos de tierras comunitarias Garífunas. Es la misma historia en Guadalupe que en Río Negro y el fondo no es la tierra, dice. "Tienen allí facciones extremistas que tienen motivos extremadamente políticos y hacen un gran esfuerzo para causar cualquier problema que pueden por lo que no ponga dinero en sus bolsillos personales."
Otros inversionistas y constructores han seguido, pero Jorgensen es aún la pieza clave en la región. Abrió la primera tienda de Adults Only Video en un pueblo en Saskatchewan en el 1987 y la empresa expandió rápidamente hasta tener docenas de sucursales a lo largo de Canadá. Después de más de una década de vacaciones de invierno a Trujillo, Jorgensen decidió mudarse de forma permanente, y luego empezó elaborar planes para una terminal de cruceros y proyectos residenciales en la Bahía de Trujillo.
"Nuestra meta es crear $300 millones en inversiones en esta área para crear $100 millones de actividad económica anualmente. Así que no es pequeña cosa," dice Jorgensen. Su empresa, Life Vision Developments, está desarrollando varios proyectos en el área: Campa Vista, Coroz Alta, New Palm Beach, y Alta Vista. "Actualmente tenemos unos 1,500 acres de desarrollo residencial en progreso. Hemos vendido 500 propiedades a canadienses. Están empezando a llamarlo Pequeña Canadá."
Jorgensen niega rotundamente que el proyecto Alta Vista traslape con el título comunitario de Guadalupe, pero también alega que la comunidad no usaba las tierras para nada de todas formas. "No es como si esas tierras se necesitaban preservar para ‘tal propósito.’ No tienen propósito. No tienen ningún plan. No tienen qué hacer con ellas. El propósito del ejercicio es ‘cómo logro poner dinero en mis bolsillos?’"
Alta Vista era una de las áreas principales que utilizaban miembros de la comunidad para sembrar cultivos de subsistencia como yuca, plátanos y frijoles. "Yo lo sé porque íbamos con nuestros padres a trabajar las tierras. Allí era donde trabajábamos. Las tierras estaban allí y eran un tiempo trabajábamos en un lado y otro tiempo trabajábamos allí," dice Guillén.
Aparte de la pesca, las comunidades Garífunas han practicado tradicionalmente la rotación de cultivos con períodos en barbecho para permitir la recuperación del suelo. Tanto la tierra como el mar son vitales para el sustento y la cultura del pueblo Garífuna.
La etnogénesis de los Garífunas surgió a inicios del siglo XVII en la isla de San Vicente, donde africanos naufragados que estaban siendo traficados para las plantaciones coloniales en el Caribe – y luego también fugitivos – se entremezclaron con los pueblos indígenas Arawaka y Caribe. Los británicos expulsaron forzosamente a los Garífunas en el 1797 y los dejaron en una isla frente a la costa de Honduras, de donde se iban esparciendo y formando comunidades a lo largo de la costa caribeña de Centroamérica, desde Belice hasta Nicaragua.
El idioma Garífuna, el cual forma parte de la familia lingüística arawaka, y la cultura tienen diversas raíces africanas e indígenas caribeñas. En el 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el idioma, la danza y la música Garífuna. No obstante, hoy en día muchas comunidades Garífunas en Honduras enfrentan otra expulsión más.
Dejando atrás a Guadalupe, el viejo bus amarillo escolar traquetea por delante de la comunidad Garífuna de San Antonio antes de pasar por Njoi Santa Fe, otro proyecto turístico en construcción por inversionistas canadienses. Después de la comunidad de Santa Fé, hay una serie de proyectos turísticos e inmobiliarios canadienses a lo largo de los 11 kilómetros hasta Trujillo: New Palm Beach, Banana Beach Resort, Njoi Trujillo, Coroz Alta y Campo del Mar, Campa Vista, y Tranquility Bay Beach Resort.
Existe algo de atención en el exterior con respecto a otros proyectos turísticos en territorio Garífuna más hacia el oeste de la costa. Este tramo navega por debajo del radar, según Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña, una federación Garífuna a la vanguardia de la lucha en defensa de los derechos, las tierras, y el territorio Garífuna en Honduras.
"Nada se habla, por ejemplo, sobre toda la inversión que se está haciendo en la Bahía de Trujillo, incluso hasta Guadalupe. Están apoderándose de toda la zona de lo que es el corredor de la parte de Trujillo," dijo Miranda. Banana Coast, el nuevo muelle de cruceros, ha sido un tema candente en el área últimamente, pero allí también, el asunto de la adquisición de tierras no se menciona mucho.
"En ese caso fue la primera experiencia que hemos tenido de que se utilizó la Ley de Expropiación Forzosa para facilitarle a Randy Jorgensen que pudiera apoderarse de todo Río Negro," dijo Miranda.
El clima de anticipación era casi palpable en Trujillo el 15 de octubre del 2014. Estaba por llegar por primera vez el Norwegian Jewel, un crucero de la empresa Norwegian Cruise Line con capacidad de 2,376 pasajeros y más de 1,000 tripulantes. Tanto el Jewel como cruceros de otras líneas tenían programado escalas en el puerto Banana Coast durante toda la estación, hasta abril del 2015. Grande Trujillo Autoridad es dueño y gerente de Banana Coast y su presidente y accionista principal es Randy Jorgensen.
Había poco motivo de celebración en Cristales y Río Negro, dos comunidades Garífunas costeñas en los bordes al oeste y al este respectivamente de Trujillo. El puerto de cruceros y el complejo comercial Banana Coast están ubicados en Río Negro.
"Era una comunidad. Esa era parte de su hábitat. Es allí donde dejaron sus cayucos, allí iban a pescar. Ahora no pueden ir a dejar cayuco en la playa. Allí está prohibida terminantemente la entrada de la comunidad de Río Negro, porque ya es una zona privada," dice Victor García, quien forma parte del patronato de Cristales y Río Negro.
Cuando algunos miembros de la comunidad Garífuna de Río Negro se negaron a vender sus tierras, la municipalidad de Trujillo declaró de interés público el proyecto Banana Coast en diciembre del 2009. Se publicó el decreto en la Gaceta en febrero del 2010, permitiendo que el estado pudiera utilizar la expropiación forzosa. Bajo la amenaza de expropiación, los desarrolladores del puerto de cruceros lograron adquirir las tierras que faltaban.
Aun así, el proyecto Banana Coast está situado dentro de uno de los títulos colectivos inalienables de Cristales y Río Negro. Los títulos de 1886 y 1901 cubren casi 100 kilómetros cuadrados en varios sectores de la región, incluyendo otras propiedades de Jorgensen. Los proyectos de Jorgensen podrían beneficiarse de las provisiones de protección de inversiones en el nuevo acuerdo de libre comercio entre Canadá y Honduras, negociado después del golpe de estado de junio 2009. No obstante, no es tarea fácil atraer turistas y aves migratorios humanos al país con la tasa per cápita de homicidios más alta del mundo fuera de una zona de guerra.
El 4 de agosto del 2014, el gobierno hondureño firmó un contrato de $133,334 con la empresa internacional de relaciones públicas Burson-Marstellar, para construir un "imagen nacional" y "marca de país" para alentar la inversión extranjera, las exportaciones, y el turismo. Ese mismo día, el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández lanzó un nuevo sitio web promoviendo el turismo.
Los promotores en Trujillo de proyectos turísticos e inmobiliarios aseveran que la violencia que asedia a Honduras está concentrada principalmente en ciertas zonas en otros lados del país y sobretodo en las dos ciudades principales, San Pedro Sula y Tegucigalpa. De hecho, la tasa de homicidios del municipio de Trujillo en el 2013 fue 93.3 por cada 100,000 habitantes, más alta de la tasa nacional e incluso la del distrito capital. Desde Banana Coast, sólo hay unos 10 kilómetros hasta el borde de la región altamente militarizada del Bajo Aguán, donde se ha asesinado a más de 100 personas involucradas en movimientos campesinos desde el golpe de estado en el 2009.
Se ha identificado al área como uno de los 14 lugares bajo consideración para la creación de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la cual funcionaría fundamentalmente como una ciudad estado semiautónoma y privatizada. Esas zonas "acogen la liberalización del comercio más allá de simples incentivos de impuestos e infraestructura. Permiten que los mismos individuos, entidades comerciales y organizaciones que financiarían y participarían en las zonas estructuren su organización social por sí mismo. Ese proceso incluye el contenido de las leyes, el sistema de impuestos, las fuerzas de seguridad, los sistemas de educación, trabajo y salud, y otros elementos normalmente manejados por el estado," según los autores de un informe investigativo del Gremio Nacional de Abogados (NLG) de los Estados Unidos publicado en septiembre del 2014.
La atención a las ZEDEs particulares se concentra en gran medida en el sur de Honduras, donde ya están en progreso estudios de factibilidad, acuerdos de inversión, y resistencia comunitaria. No obstante, documentos obtenidos revelan que ya se han redactado planes, mapas y estudios para una ZEDE abarcando todo el territorio de los municipios de Trujillo y Santa Fe.
El autor principal de los estudios fue Arquitecnic. Al presidente de la empresa, el arquitecto y desarrollador hondureño Dino Rietti, se le contrató la construcción y gestión del proyecto Banana Coast. Rietti ha aconsejado además al gobierno sobre las zonas especiales de desarrollo.
Las comunidades Garífunas siguen defendiendo sus tierras a pesar de las dificultades. "El gobierno está coludido con todo lo que está pasando aquí," dice Guillén, añadiendo que una demanda podría ser una de las únicas opciones. Pero ni Guillén ni García consideran que sea probable que sus respectivas comunidades lograren resolver las ventas ilegales de tierras comunitarias ni conseguir justicia dentro del sistema judicial interno.
"Vamos a tener que hacer demandas nacionales e internacionales," dice García.
Los casos de tres otras comunidades Garífunas, acompañadas por OFRANEH, están actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos de los casos implican proyectos turísticos dentro de territorio Garífuna. Se espera por lo menos un fallo este año.
